El Presidente de México sabe que mantener el apoyo popular y la movilización es difícil. Tarde o temprano disminuye, se desgasta. Administrará los golpes políticos para intentar mantenerlos, las encuestas serán eso a partir de hoy. Pero el presidente sabe más cosas. Tiene por ahora ese apoyo y esa movilización casi de manera incondicional. Es su bono. Por eso, con tino, decide enfrentar rápidamente problemas serios que de otro modo le hubiesen sido contraproducentes: la cancelación del aeropuerto en Texcoco, lo del Tren Maya, el tema de los salarios de los altos funcionarios y de los trabajadores. En este contexto, la rebelión de los integrantes del Poder Judicial tiene múltiples aristas que van más allá de la consigna política de la deshonestidad y demás.
Obviamente el tema económico es sensible, tanto para pobres como para ricos. Pero el tema de la “austeridad republicana” apunta directamente a la riqueza que viene dada de manera inadecuada por un servicio público. Por definición, el servicio público no debiera conducirse con los parámetros del “servicio privado”. Sin embargo, dado nuestro contexto, los valores, conductas, comportamientos y modos de ser de este sector han carcomido las bases de toda la vida social, incluidas las del “servicio público”. Por eso, los integrantes del Poder Judicial, y ahora uno de los Consejeros del Instituto Nacional Electoral, junto con otros que seguramente se sumarán a este amparo masivo ante la Ley Federal de Remuneraciones, piensan que se está atentado contra su bienestar, su trabajo. Viven y actúan como si el “servicio público” fuese “servicio privado”, por lo tanto les enfada y les preocupa que con una ley constitucional se les venga a decir que no es así.
El Presidente de México tiene razón: hay que hacer una distinción básica entre “servicio público” y “servicio privado”. Forma parte de su proyecto volverle a dar un papel protagónico al Estado y separar la política de la economía, los asuntos de gobierno de los asuntos del negocio. Por lo menos formalmente así lo plantea. Por supuesto, en su actuar, el presidente parece tomarse en serio esto, pero por otro se inclina más a una representación de ello, como sucedió con la cancelación del Aeropuerto en Texcoco, acto que si bien benefició al movimiento social que se opuso desde un principio a este proyecto, por el otro, terminó en una alianza un tanto extraña entre el presidente y asesores económicos bastante sospechosos e involucrados en aquel proyecto así como en el Tren Maya, al que por otro lado, otro movimiento social nada desdeñable se opone por las mismas razones que se opusieron los de Texcoco, pero que sospechosamente el presidente decide ignorar. Lo que allí vimos fue un magistral acto teatral que marcó el arranque de la distinción y separación aludida.
No hay modo que el gobierno actual pueda funcionar sin el apoyo empresarial. El presidente lo sabe, lo entiende. Cuando habla de cambio de régimen no se refiere por supuesto al proyecto neoliberal, sino a otra cosa: un ejercicio de saneamiento del gobierno para que tenga cierta independencia de actuación, estableciendo así una relación “debida” con las fuerzas económicas, y ya no más una “indebida” que hasta hoy, desde hace más de tres décadas, se ha mostrado como sumisa, obsequiosa con aquellas fuerzas.
La estrategia, con sus teatralidades, no es errónea. Está funcionando de maravilla. La gente está convencida de que algo está pasando, lo que ya en sí mismo un gran logro. Que por lo bajo también estén pasando cosas menos loables, como una inexistente separación y autonomía de poderes entre el Legislativo y el Ejecutivo es para la gente otro cantar. La idea de que para algo se “es mayoría” está presente en muchísimas de las personas que padecimos las otras mayorías, las del PRI solito, las del PRI, PAN, Verde, PRD juntas. Pero allí es en donde precisamente está construyendo su discurso la rebelión del Poder Judicial. Malo que lo haga para negarse a la separación entre “servicio público” y “servicio privado” que está llevando a cabo el Poder Ejecutivo, pero aún así, el tema de la separación y autonomía de poderes se mantiene como algo que debe ser pensado y analizado en este conflicto. Las amenazas provenientes del Poder Legislativo de destitución a los inconformes es delicada, porque no abona en eso que dicen creer, la democracia. ¿Puede un presidente arrollador como lo es el que tenemos contenerse para garantizar en verdad la separación y autonomía de los poderes del Estado?, ¿puede una mayoría envalentonada autocontenerse, concebirse independiente, autónoma de aquel al que le cantan las mañanitas en pleno salón de sesiones?, ¿puede el Poder Judicial asumir lo que se le exige y volverse en efecto un servicio público?
Si queremos llegar a algún lado, esta diatriba debe resolverse adecuadamente dentro del proyecto que encabeza el Presidente de México, pero también dentro del delicado equilibrio de la separación y autonomía de los poderes. De otro modo habrá un mal comienzo que puede derivar en algo bastante desagradable a lo largo del sexenio, incluso incontrolable. El presidente lo sabe.
