La diatriba en torno a la Ley Federal de Remuneraciones

El Presidente de México sabe que mantener el apoyo popular y la movilización es difícil. Tarde o temprano disminuye, se desgasta. Administrará los golpes políticos para intentar mantenerlos, las encuestas serán eso a partir de hoy. Pero el presidente sabe más cosas. Tiene por ahora ese apoyo y esa movilización casi de manera incondicional. Es su bono. Por eso, con tino, decide enfrentar rápidamente problemas serios que de otro modo le hubiesen sido contraproducentes: la cancelación del aeropuerto en Texcoco, lo del Tren Maya, el tema de los salarios de los altos funcionarios y de los trabajadores. En este contexto, la rebelión de los integrantes del Poder Judicial tiene múltiples aristas que van más allá de la consigna política de la deshonestidad y demás.

Obviamente el tema económico es sensible, tanto para pobres como para ricos. Pero el tema de la “austeridad republicana” apunta directamente a la riqueza que viene dada de manera inadecuada por un servicio público. Por definición, el servicio público no debiera conducirse con los parámetros del “servicio privado”. Sin embargo, dado nuestro contexto, los valores, conductas, comportamientos y modos de ser de este sector han carcomido las bases de toda la vida social, incluidas las del “servicio público”. Por eso, los integrantes del Poder Judicial, y ahora uno de los Consejeros del Instituto Nacional Electoral, junto con otros que seguramente se sumarán a este amparo masivo ante la Ley Federal de Remuneraciones, piensan que se está atentado contra su bienestar, su trabajo. Viven y actúan como si el “servicio público” fuese “servicio privado”, por lo tanto les enfada y les preocupa que con una ley constitucional se les venga a decir que no es así.

El Presidente de México tiene razón: hay que hacer una distinción básica entre “servicio público” y “servicio privado”. Forma parte de su proyecto volverle a dar un papel protagónico al Estado y separar la política de la economía, los asuntos de gobierno de los asuntos del negocio. Por lo menos formalmente así lo plantea. Por supuesto, en su actuar, el presidente parece tomarse en serio esto, pero por otro se inclina más a una representación de ello, como sucedió con la cancelación del Aeropuerto en Texcoco, acto que si bien benefició al movimiento social que se opuso desde un principio a este proyecto, por el otro, terminó en una alianza un tanto extraña entre el presidente y asesores económicos bastante sospechosos e involucrados en aquel proyecto así como en el Tren Maya, al que por otro lado, otro movimiento social nada desdeñable se opone por las mismas razones que se opusieron los de Texcoco, pero que sospechosamente el presidente decide ignorar. Lo que allí vimos fue un magistral acto teatral que marcó el arranque de la distinción y separación aludida.

No hay modo que el gobierno actual pueda funcionar sin el apoyo empresarial. El presidente lo sabe, lo entiende. Cuando habla de cambio de régimen no se refiere por supuesto al proyecto neoliberal, sino a otra cosa: un ejercicio de saneamiento del gobierno para que tenga cierta independencia de actuación, estableciendo así una relación “debida” con las fuerzas económicas, y ya no más una “indebida” que hasta hoy, desde hace más de tres décadas, se ha mostrado como sumisa, obsequiosa con aquellas fuerzas.

La estrategia, con sus teatralidades, no es errónea. Está funcionando de maravilla. La gente está convencida de que algo está pasando, lo que ya en sí mismo un gran logro. Que por lo bajo también estén pasando cosas menos loables, como una inexistente separación y autonomía de poderes entre el Legislativo y el Ejecutivo es para la gente otro cantar. La idea de que para algo se “es mayoría” está presente en muchísimas de las personas que padecimos las otras mayorías, las del PRI solito, las del PRI, PAN, Verde, PRD juntas. Pero allí es en donde precisamente está construyendo su discurso la rebelión del Poder Judicial. Malo que lo haga para negarse a la separación entre “servicio público” y “servicio privado” que está llevando a cabo el Poder Ejecutivo, pero aún así, el tema de la separación y autonomía de poderes se mantiene como algo que debe ser pensado y analizado en este conflicto. Las amenazas provenientes del Poder Legislativo de destitución a los inconformes es delicada, porque no abona en eso que dicen creer, la democracia. ¿Puede un presidente arrollador como lo es el que tenemos contenerse para garantizar en verdad la separación y autonomía de los poderes del Estado?, ¿puede una mayoría envalentonada autocontenerse, concebirse independiente, autónoma de aquel al que le cantan las mañanitas en pleno salón de sesiones?, ¿puede el Poder Judicial asumir lo que se le exige y volverse en efecto un servicio público?

Si queremos llegar a algún lado, esta diatriba debe resolverse adecuadamente dentro del proyecto que encabeza el Presidente de México, pero también dentro del delicado equilibrio de la separación y autonomía de los poderes. De otro modo habrá un mal comienzo que puede derivar en algo bastante desagradable a lo largo del sexenio, incluso incontrolable. El presidente lo sabe.

Arrojemos todos la primera piedra

En un mundo carente de sentido ni la moral se salva. Obsérvese cómo la moral, convertida en mero discurso sin sustento, se ha vuelto un conjunto de consignas útiles para pontificar al mismo tiempo que condenar y descalificar a los otros. Esto, que hasta cierto punto era frecuente en el ámbito religioso (ya se sabe, creyentes de una religión pero no practicantes de la misma) hoy es común en la política, la economía, la academia, la cultura y un largo etcétera. Funcionarios, políticos, empresarios, religiosos, académicos, intelectuales, etcétera, sacan su espada para cercenar la cabeza de sus enemigos, adversarios, contrincantes, competidores, santiguándose primero, bañándose en un pudor y una pureza de la que carecen en su vida cotidiana después, para luego acusar en los otros lo que en ellos es santo y seña. No todos es cierto, pero sí una creciente mayoría lo hace. Lo interesante es que hoy la moral es atractiva porque remoza el vacío y vacuna contra la pesada tarea de pensar críticamente la realidad. Arrojemos todos la primera piedra para que entre descalabrados y ciegos nadie note la bajeza del procedimiento ni tampoco lo muy mal habido. Esta y no otra es la nueva consigna de los tiempos. Y los espectadores aplauden a rabiar entre más sangre haya, porque después de todo, si no hay sentido en la vida, por lo menos que haya espectáculo.

No hay fe que valga.

Con algo de sorpresa escuché la entrevista que Pedro Miguel dio a pie de banqueta en la pasada marcha del 26 de septiembre. Según su decir, el régimen está cayéndose y poco importa cuándo se vaya Peña Nieto. En su sentir, el año transcurrido desde aquel infausto 26 de septiembre de 2015, ha servido para "mundializar" el tema. Para él, el "trending topic" de Ayotzinapa es indicio suficiente para detectar la caída del régimen.

La argumentación señalada es la reedición de aquella fe ciega en el inminente "fin de capitalismo" a raíz de sus crisis cíclicas. Aderezada, por supuesto, con esta nueva fe en lo virtual que viene a sustituir, en los sectores ilustrados, la fe religiosa. Y como toda fe lo que exige es creer sin más.

La pasada marcha del 26 de septiembre, realizada para conmemorar la desaparición de 43 normalistas  de Ayotzinapa, demostró algunas cosas. Primero, en efecto, que al menos en un sector de la sociedad mexicana el tema no se olvida. Pese a todas las estrategias diseñadas para evitar la movilización social, ésta se llevó a cabo. Hay que decir que estuvo muy concurrida, quizá más de lo que se esperaba, si se le compara con las marchas más recientes que enarbolaban el mismo motivo.

Lo siguiente que demostró es que las autoridades de este país no han podido desentenderse del tema. Los reclamos de justicia siguieron a Peña Nieto hasta la ONU. Incluso el hecho mismo de que éste dirigiera su discurso ante Naciones Unidas contra el fantasma del populismo, ignorando por completo el tema de los normalistas desaparecidos, habla de la necesidad de no ayudar a difundir aún más el tema en el ámbito internacional, al mismo tiempo que de la estrategia electoral para el 2018 basada en el miedo.

Sin embargo, la marcha adoleció de lo mismo que ha adolecido desde el principio de las movilizaciones: derivar el apoyo y la simpatía en acciones políticas concretas que ejerzan una presión de tal magnitud que obligue al gobierno a dar solución efectiva al problema, o en su defecto, a renunciar, y no como hasta ahora que le ayude a "administrar el conflicto".

El gobierno actual entiende perfectamente que parte de su legitimidad está en su política exterior, y no en su política interior. Para tal efecto diseñó una estrategia de apertura comercial de recursos hasta hace poco intocables en el país, como el petróleo. De esta manera, la legitimidad que solicita al exterior viene antecedida por una oferta de negocios para el capital que encuentra, además, una sociedad desarticulada, poco instruida, capacitada para ser explotada, y dispuesta a asistir felizmente al festín de su propia miseria. Desde esta perspectiva, la administración del conflicto derivado de los sucesos de Iguala le viene más que bien, pues muestra al capital que el gobierno mexicano puede cumplir con creces la encomienda que se le haga: desaparecer, decretar, reprimir, controlar, media, cooptar, imponer, ignorar, etcétera.

A los gobiernos del mundo, todos ellos sumidos en sus problemas, rehenes todos en mayor y menor medida del capital, el tema de los normalistas puede conmoverlos efectivamente. Es más, pueden condenar los sucesos en caso de ser necesario el comportamiento "políticamente correcto". No obstante, desde hace tiempo, ellos han dejado de decidir realmente sobre la realidad. Para el capital, la muerte de los normalistas le es indiferente. Los negocios no tienen nada que ver con ello.

Esta percepción se reproduce con creces al interior del país. Analistas variopintos destacan el daño que las movilizaciones y reclamos sociales hacen a la inversión en México. Según ellos, el país requiere mostrar buena salud y no hacer grandes aspavientos para que los grandes capitales vengan a invertir. De lo contrario, el país quedará fuera de los beneficios "globales" de la economía mundial.

Esos analistas variopintos, además, insisten en subrayar la inutilidad de las normales rurales, nido de guerrilleros, dicen, o revoltosos, dicen, atribuyéndoles a los estudiantes normalistas la responsabilidad de un tema con el que se encontraron, que no escogieron: el abandono de un modelo educativo por parte del Estado en favor de mano de obra barata. Algunos más, haciendo gala de una suerte de "moral superior", prefieren ver engaño en todo: en los normalistas que protestan; en la sociedad que protesta por la desaparición de 43 de ellos pero "no se movilizó por la desaparición de otros miles"; en los que se indignan por algo que no les tocó ni de cerca; en la genuina honestidad de quienes protestan, porque, según ellos, son una bola de hipócritas, incluida Pontiawoska con su cartel en la marcha del sábado pasado. Analistas que favorecen la inmovilidad, la resignación, el desdén hacia las mayorías, a las que no soportan y menos entienden.

Otros analistas, los menos, hurgan en las profundidades. Encuentran responsabilidades de la tragedia en todos lados, no únicamente en el presidente municipal ahora preso. Tienen razón cuando arguyen que la responsabilidad llega incluso hasta las organizaciones estudiantiles por no actuar acorde con el entorno con el que tienen que lidiar, dominado por la corrupción, la impunidad, el narcotráfico.

Frente a todo esto, si bien las marchas y las manifestaciones públicas que exigen justicia y que se platean no olvidar en México y en el mundo son valiosas, no pasan de ser actos testimoniales. Ciertamente estos actos son muestra de una sociedad que no acaba de sentirse bien en el féretro al que le condena el neoliberalismo y la globalización; cierto que ellas incitan a la organización con diversos alcances y niveles; pero por desgracia, nada de eso se traduce en acción política alguna. Cuando los normalistas y los padres de los desaparecidos plantearon la única acción política de envergadura y de coyuntura (no votar), las buenas conciencias desestimaron el hecho y prefirieron no asumir acciones políticas de esta índole en favor de seguir y seguir en el escaparate de la organización, marchando y protestando.

Los zapatistas nos han dado muchas lecciones desde 1994. Ellos insisten en que la sociedad tiene que organizarse y luchar. Para ellos, según puede constatarse en su historia, la organización supone hacerlo para llevar a cabo acciones políticas, e incluso, como en su momento lo hicieron, militares. No supone, como muchos piensan, organizarse para dar entrevistas, para cuidar a las columnas que marchan, para volver "trending topic" una marcha, para salir a las calles diciendo "marchamos, luego existimos; existimos, luego marchamos".

El régimen no está cayéndose. De hecho, está a la ofensiva. Y lo que importa no es solamente que Peña Nieto se vaya, sino que la justicia reclamada se concrete en actos que lleven a su gobierno a ser juzgado y, de ser necesario, a encarcelar a sus integrantes. Y para eso, marchar no es suficiente. Para eso, el escaparate de la organización no es suficiente. Para eso, los partidos políticos no cuentan. Para eso, no hay fe que valga.