Desde hace un par de décadas en México se ha acentuado una política gubernamental que considera tanto las adicciones como la obesidad como un problema de salud pública. Lo que se teme son sus consecuencias, sobre todo económicas, pero también, y no en menor medida, sociales. Se afirma que los “enfermos” (adictos y obesos), además de hacerse daño a sí mismos, lesionan de una u otra forma a los demás. Por ello se considera necesaria y urgente la intervención del poder estatal incluso si va en contra de la voluntad privada de los “enfermos”.
El “excesivo” gusto privado, cuando afecta la dimensión pública, es objeto de una política preventiva cuando no represiva. De este modo, los particulares “enfermos” que afectan al conjunto de lo público son objeto de la intervención de políticas estatales. Es, según esto, un deber, una obligación del gobierno y del Estado.
Entre las adicciones que se consideran más peligrosas está el alcoholismo. Las políticas denominadas “alcoholímetro”, como medida de prevención, muestran claramente aquello que se teme y pone el acento sobre la responsabilidad de la autoridad para salvaguardar el bienestar de los que pueden resultar afectados por el actuar y proceder de un “enfermo”.
La cuestión es más seria si el “enfermo” ocupa un puesto público. Su capacidad de daño es exponencial. Así, corresponde al propio Estado y al gobierno (recuérdese que hay división de poderes, al menos formalmente), en plena ejecución de sus políticas preventivas, tomar las medidas pertinentes al respecto. De lo contrario, están faltando a su propio deber y resultan incongruentes con lo que se ha proclamado en las últimas décadas. Cabe recordar que un Estado y un gobierno que no velan por el bienestar de sus habitantes y ciudadanos no merecen obediencia alguna. Y que, dado el caso, es la sociedad la que debe procurar su propio bienestar, incluso deponiendo a sus propias autoridades.
Cuando el representante de un poder ejecutivo se convierte en un problema de salud pública por su “enfermedad”, las restantes ramas del gobierno han de proceder adecuadamente. Ejemplos sobran: Jaime Abdalá Bucarán Ortiz, en Ecuador (1997); Bill Clinton en Estados Unidos (1998) y ahora Berlusconi (2011). Desde esta perspectiva, es el conjunto del gobierno y el propio Estado mexicano los que están en la mira. Por eso Aristegui insistió en que se debía aclarar si el señor Felipe Calderón padece o no un problema de alcoholismo. El que se le haya cesado de MVS indica la pertinencia de su exigencia y nos da motivos para exigir un nuevo gobierno y, por qué no, un nuevo Estado.
P.D. A los pájaros en el alambre, que me consta frencuentan este espacio, debe quedarles claro que no se está incitando a ninguna rebelión. Por fortuna para un servidor y por desgracia para ustedes, las rebeliones surgen de otro lado, de aquellos que por carecer de internet o celular, no son “espiables” pero padecen las impericias de un gobierno que parece estar encabezado por un alcohólico. Allí está Egipto.
