Oponerse a la privatización del petróleo, sea abierta o encubierta, con rango constitucional o simplemente reglamentario, no es mero capricho ni es producto de la ignorancia, como tanto insisten algunos comunicadores. En este país por experiencia se sabe que la distancia entre lo dicho y lo hecho es prácticamente insalvable cuando de políticos y empresarios se trata. Mal que le pese a cualquiera que se tenga memoria de los múltiples atracos arropados de promisorios futuros que ha padecido este país. Memoria sí. Es por eso que se desconfía de lo que dice Felipe Calderón y todos los defensores de la reforma petrolera. ¿Cómo no desconfiar si el mismo Calderón dio muestra palmaria del uso de recursos públicos para intereses privados en Banobras?, ¿se nos puede culpar de recordar que como su titular se autoprestó tres millones 100 mil pesos a mediados de julio de 2003?
Sin ánimo de eximir a Calderón, entre otras cosas porque no hay manera, su proceder en aquel entonces fue, digamos, estructural. Así es el capital y así es la iniciativa privada. El beneficio propio es su sino. Al capital no le interesa otra cosa que no sea el capital. Al dinero le interesa el dinero. Por eso desde antaño el ladrón y el comerciante son la versión más antigua que se conoce del Dr. Jekyll y Mr. Hyde: comparten un mismo cuerpo y pasan de la legalidad al delito en un santiamén.
Hay que recordar que en este país no ha habido un solo proceso exitoso de privatización: el Estado ha acabado siempre por imponer condiciones de privilegio a la iniciativa privada, cuando no ha tenido que recurrir obsequiosamente a su rescate. Así fue con las carreteras, los bancos, Telmex, Aeroméxico… La experiencia muestra que la iniciativa privada es tan fraudulenta y corrupta como lo es el Estado en manos del PRI. Oponerse a la privatización del petróleo en México es, por un lado, negarse a aceptar las “supuestas” bondades de la iniciativa privada, cuyos servicios en México son de los más caros del mundo y de los menos eficientes, pero por otro, es negarse a aceptar que la administración estatal corporativa y corrupta impuesta por el PRI en el país sea la correcta.
Que el PRI y el PAN compartan la idea de privatizar el petróleo resulta explicable por el mismo abrevadero que poseen: la corrupción y la ineficacia. Que el FAP encabece la oposición a esta medida también es explicable, no sólo por obstinación o por terca memoria nacionalista. Sin embargo, lo que importa en verdad, además de negarse a aceptar la privatización, es preguntarse qué hacer con la administración de PEMEX. ¿Cómo liberarle del lastre corporativo en que la sumió el PRI y que tan útil resulta para el PAN? Allí el FAP no parece tener respuesta… La izquierda ha de elaborar esta respuesta.
